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El juez decreta libertad bajo fianza de 400.000 euros para Ignacio González

Imagen de archivo de Ignacio González en la Comandancia General de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid)

El juez que instruye el caso Lezo ha acordado, con el visto bueno de la Fiscalía, libertad bajo fianza de 400.000 euros para Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP en esta autonomía, según han confirmado fuentes jurídicas a TVE. Ignacio González, en prisión desde el pasado 21 de abril, está siendo investigado por el presunto desvío de fondos del Canal Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la región.

El instructor de Lezo, Manuel García Castellón, le ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales una vez que deposite la fianza.

El juez ha tomado esta decisión en consonancia con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este martes se ha pronunciado a favor de dejar en libertad bajo fianza a González al entender que el riesgo de que vuelva a delinquir gracias al manejo de fondos en Colombia o Panamá es hoy más bajo gracias a la colaboración judicial con estos países y al estado avanzado de la investigación.

Es la primera vez que el fiscal del caso Lezo, Carlos Yáñez, se pronuncia a favor de un recurso de excarcelación de González. En las otras tres ocasiones se pronunció en contra.

El expresidente de la Comunidad de Madrid está imputado, entre otros delitos, de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.

El fiscal ve disminuido el riesgo de volver a delinquir

Anticorrupción ha informado a favor de dejar en libertad bajo fianza de 400.000 euros al expresidente madrileño al considerar que ahora es menos probable que González vuelva a delinquir valiéndose del "posible manejo de fondos en el extranjero" gracias a la cooperación judicial entre España y otros países como Colombia y Panamá, donde se ha extendido su actividad delictiva en relación a la gestión del Canal de Isabel II.

Y aunque cree que el transcurso del tiempo y el avance de la investigación han reducido su posibilidad de fuga y de destrucción de pruebas, también tiene en cuenta que la pena a la que se podría enfrentar González es superior a los 20 años de cárcel, "dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer".

Según el fiscal, la instrucción ha puesto de relieve que González podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales, por lo que estima necesario imponerle una fianza que asciende a 400.000 euros.

González y su hombre de confianza en Latinoamérica Edmundo Rodríguez Sobrino son los únicos investigados en este caso de corrupción en el Canal de Isabel II que permanecen en prisión desde su detención en la operación Lezo.




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