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Contra el maldito consenso, por la recuperación de la legalidad

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Si hay una “palabra talismán” de las muchas que usan los políticos y sus aduladores y trovadores, que goza de un inmerecido prestigio esa es la palabra “consenso”. “Consenso” es un vocablo de esos que deslumbra, impresiona de tal manera que todo aquel que ose cuestionarlo será considerado un loco, un malvado, o cosa parecida…

Pero ¿Qué es tal cosa, que es eso del “consenso”? Me dirán que lo contrario del “disenso”… ¿Y por qué lo incorrecto es disentir? Que alguien me lo explique.



Generalmente, quienes se escudan en el consenso son gente que recurren a la “falacia ad populum”, también llamada “falacia democrática”, la apelación a la multitud, la apelación a la popularidad respecto de un determinado asunto, como razón única, o fundamental para aceptarlo. Estamos hablando de quienes afirman, sin ruborizarse que, si mucha gente piensa lo mismo acerca de algo, ese pensamiento es correcto, por el simple hecho de ser muchos lo que piensan “así”. ¡Y punto!

Los que recurren a frases tan socorridas, generalmente no es que estén proclamando la no necesidad de moral, sino algo mucho más profundamente perverso: una moralidad no absoluta, fluida, elástica, “a mitad de camino”, el relativismo moral.

Como resultado final del excelentísimo consenso hemos llegado a lo que los antiguos griegos y romanos denominaban “oclocracia”, el gobierno de los que más gritan, más ruido son capaces de hacer, una forma de sociedad en la que dominan y predominan grupos de presión carentes de principios, de valores o de toda referencia a la justicia. Estoy hablando de una situación caótica, casi pre-bélica, una “guerra” cuya arma final es el poder de la fuerza bruta, pero cuya forma externa es un juego de acuerdos, compromisos, intercambios de favores, todo ello amparándose siempre en el consenso, en el maldito consenso como escusa permanente.

Amparándose en el maldito consenso, el sistema político español está perfectamente diseñado de tal manera que la capacidad de decisión de los políticos, su posibilidad de decidir de forma arbitraria, caprichosa, es de tal magnitud que corromperse más que una consecuencia es el resultado más lógico.

Por supuesto, la Justicia también participa de esa corrupción puesto que, también está impregnada del maldito consenso, además de ser lenta, cara y arbitraria. Difícilmente se puede hablar de “estado de derecho” cuando la justicia es una lotería, absolutamente imprevisible, hasta el extremo de que hay abogados que recomiendan a sus clientes que “renuncien a sus derechos… no sea que el juez y el fiscal se cabreen…”

Es hora ya de que, los jueces se sujeten al imperio de la ley (y no al revés) que en España se respete escrupulosamente la Constitución, y se acabe con la sensación general de arbitrariedad e inseguridad jurídicas actuales.

El “Poder Judicial” no es un Poder Constitucional, dado que está descaradamente subordinado a los partidos políticos; los integrantes de la Administración de Justicia –por más que la Constitución diga lo contrario- no son independientes, ni responsables. Los medios de comunicación cuentan con demasiada frecuencia los disparates de los jueces, nos informan de los retrasos, de los enormes costes de la justicia, y de la sumisión del Consejo General del Poder Judicial al partido gobernante. A la única conclusión que se puede llegar es que a nadie de los que tienen capacidad de decisión, de poner orden en semejante desbarajuste, le interesa demasiado que el poder judicial recobre –o mejor dicho, adquiera- características de “poder constitucional”. Tal es así que, partido gobernante, el PP tras repetir hasta el hartazgo cuando era oposición que, uno de sus principales objetivos era emprender una profunda reforma de la Justicia, lo primero que hizo fue repartirse el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, con todos los grupos presente en el Congreso de los Diputados (excepto los proetarras y UPyd).

Los ciudadanos en sus relaciones con el Gobierno, la Administración del Estado deben saber a qué atenerse, tener suficiente certeza de cuál es la “conducta debida”, la conducta correcta, cuál es la conducta que deben tener, qué es lo obligatorio, etc., pues el no saber a qué atenerse, la incertidumbre provoca inseguridad y angustia insoportables… Para acabar con la sensación general de corrupción, la gente debe recuperar la confianza, y para tal cosa tiene que haber también “confianza en la justicia”. Debe desaparecer la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Lo arbitrario no es de recibo en un Estado de Derecho, pues el Derecho es, precisamente, lo contrario de la arbitrariedad. La seguridad jurídica implica la sujeción de los jueces al Derecho, los jueces se deben ceñir a los hechos, a la prueba, a la jurisprudencia… 

Más de uno dirá y se preguntará que ¿…a cuento de qué viene que este hombre nos venga ahora a hablar de todo esto…? Pues muy sencillo, estamos asistiendo al lamentable espectáculo de que los medios de información y creadores de opinión (todos ellos salvo honrosas excepciones, generosamente regados, regalados, con dinero de los contribuyentes) nos repiten un día sí, y el otro también, la perversa idea de que la aplicación de la ley, la correcta y estricta aplicación de la ley, debe estar supeditada al consenso, a lo que los partidos políticos (y los lobbies que están tras de ellos) miembros del consenso consideren oportuno.

 Esta gentuza olvida, al parecer que, un Estado de derecho se caracteriza fundamentalmente por poseer un conjunto de normas que deben respetar todos sus ciudadanos, sin excepción, y que las normas legales obligan a todos, y que, por supuesto quienes no se atengan a las normas deben ser sancionados con efectividad, contundencia y rapidez. De veras que es una burla cruel, una tremenda estafa al pueblo español que quienes juraron o prometieron respetar y aplicar las leyes, antes de hacerlo digan que se tienen que poner de acuerdo con los restantes partidos políticos –a los que llaman “constitucionalistas” para más recochineo- y estén en la idea de que no se las apliquen a aquellos que con absoluto descaro las vulneran… Claro que, como bien sabe cualquiera que esté informado, siempre les quedará la posibilidad de ampliar el número de “aforados”, o recurrir al indulto, o a alguna clase de amnistía encubierta.

En España se necesita con urgencia extrema una reconciliación urgente de la Democracia con la Ética, con la Sociedad, que implique que se instituya un sistema de premios y castigos que promueva la excelencia y elimine la mediocridad y la impunidad que actualmente sufrimos, y que no nos merecemos.

Estoy hablando de hacer realidad lo que nuestra Constitución proclama, aquello de que España es una Estado de Derecho, en el que todos: instituciones, dirigentes y la población en general (aquello que ahora llaman “ciudadanía”) asuman el cumplimiento estricto de la ley, extirpando la secular tendencia de los españoles a incumplir las normas, la pícara y ancestral actitud infractora que nos caracteriza, propia del que se salta un semáforo en rojo, o de los que se pasan por la entrepierna la Constitución.

Para la recuperación de la legalidad, en Cataluña y en el resto de España hay que eliminar el maldito consenso. Recuperar la legalidad para recuperar la Unidad de España, recuperar la legalidad para que todos los españoles volvamos a ser iguales en derechos y obligaciones, iguales ante la ley, independiente de donde vivamos o nazcamos, independientemente de nuestra circunstancia personal.

Y todo ello requiere voluntad, determinación tal como viene haciendo VOX, el único partido político que está plantando cara a quienes quieren romper España y a sus cómplices (el tripartito PP-PSOE-CIUDADANOS), sí, el único partido que está personado en los diversos pleitos que se han puesto en marcha contra los separatistas catalanes, que han acabado derivando en detenciones y comparecencias ante los tribunales, con enorme disgusto del Gobierno del PP y sus cómplices: PSOE y Ciudadanos…


Carlos Aurelio Caldito Aunión.
Badajoz, Taifa Hispánica del Suroeste, junto a la “Raya”

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