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Rajoy cesa a Puigdemont y a su gobierno y anuncia elecciones cuando se recupere la normalidad en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside este sábado la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que acordará medidas concretas en aplicación del artículo 155 de la Constitución para devolver a Cataluña al marco de la legalidad. A la espera de saber qué decide el Consejo, la aplicación del 155 puede suponer el reemplazo de áreas clave del Govern -Presidencia, Hacienda e Interior- o incluso del Ejecutivo catalán en su totalidad, incluido el presidente, Carles Puigdemont. Lo que sí se conocen son los objetivos que dice perseguir el Ejecutivo: restaurar el orden constitucional y preservar el interés general.

Rajoy no ha querido desvelar ninguna de las iniciativas que prevé poner en práctica y ni siquiera confirmó el viernes si había ya un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos para que hubiera elecciones autonómicas en Cataluña en enero. Fueron esos dos partidos los que apuntaron que se había cerrado el acuerdo y llegaron a concretar que la fecha elegida para esos comicios es el 28 de enero. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lo hizo visiblemente enfadado después de que lo avanzara la socialista Carmen Calvo, que presidió la delegación del PSOE que negoció esta semana con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró “prematuro hablar de la fecha” de los comicios. El malestar que la filtración de la fecha prevista para las elecciones suscitó en el Ejecutivo llevó a Calvo a matizar posteriormente que celebrar elecciones en enero es sólo la posición de los socialistas.

Rajoy, por su parte, se limitó a justificar la necesidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución al haberse llegado a una “situación límite” en Cataluña que obliga al Ejecutivo a actuar. Aseguró asimismo que el objetivo fundamental de esas medidas, con un límite temporal que dijo que no está determinado, es volver al cumplimiento de la ley y a la normalidad institucional tras haber llegado a una situación en la que se “golpea la ley” y se “liquida el Estado de derecho”.

El Gobierno niega que recorte derechos

Lo que sí se puede afirmar es que, en la exposición de motivos de las medidas que está analizando, el Gobierno asegura que dichas medidas son “garantistas” y que persiguen asegurar derechos y no restringir libertades. Según el Ejecutivo, las medidas responden a cuatro grandes objetivos, que son restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, garantizar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

Por lo que se refiere al primer objetivo, restaurar la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña, se trata según el Gobierno de un cometido “irrenunciable” desde la constatación de que las autoridades autonómicas “han ignorado” la legalidad vigente, al contravenir “abiertamente” sus disposiciones y al intentar alterar sus principios y literalidad, de forma improcedente, fuera de los mecanismos previstos para ello. “Han actuado sin reconocer el sometimiento a ley alguna y, con ello, han invalidado su legitimidad como instituciones de autogobierno”, aduce el Ejecutivo.

Cumplir la ley, agrega, es y ha de ser una obligación que vincula especialmente a los responsables y representantes públicos, porque es condición indispensable para el ejercicio de sus funciones, para la integridad de las instituciones que representan y para la confianza de los ciudadanos a los que sirven. Por ello, el Gobierno hace hincapié en la necesidad de garantizar el funcionamiento del autogobierno en el marco de los principios y normas a los que debe responder, fijados en la Constitución española y en el Estatuto de Cataluña, como elementos fundacionales de la propia autonomía catalana. “Preservar ese autogobierno, es proteger la autonomía”, añade.

Según el Gobierno el objetivo de las medidas que se van a aprobar es “asegurar la neutralidad institucional” para que el principio rector de las instituciones sea el interés general. Considera en este sentido que la Generalitat “ha obviado” el interés general de los catalanes “en favor del ideario independentista de una parte de ellos”.

Y añade que “estos anhelos” soberanistas “no pueden ser presentados como una demanda unánime del conjunto de los ciudadanos catalanes”, ni pueden “traducirse en un discurso único de imposición de la independencia” como tampoco puede, por encima de todo, traducirse en una declaración unilateral en este sentido. Insiste por eso en que tanto la Generalitat como el conjunto de instituciones que componen el autogobierno, deben responder al bienestar de los ciudadanos y actuar “siempre y en todo caso”, en “favor de todos ellos y no en respuesta a solo una parte”.

Comparecencia de Rajoy y envío al Senado

Previsiblemente, será el propio Rajoy quien comparecerá hoy en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros para detallar las propuestas que enviará para su aprobación a la Cámara Alta, cuya Mesa se reunirá hoy mismo para tramitarlas y fijar los pasos siguientes. Hasta entonces, Méndez de Vigo dijo que Puigdemont tiene “otra oportunidad” para rectificar y evitar la aplicación de esas decisiones.

Será la primera vez desde que la Constitución está en vigor que se aprueben medidas en aplicación del artículo 155, que permite al Gobierno central asumir competencias de las comunidades autónomas que no cumplan la ley.

Mientras el Gobierno planteará hoy sus propuestas, la Junta de Portavoces del Parlament fijará el próximo lunes la fecha del pleno en el que Junts pel Sí (JxSí) y la CUP prevén votar la declaración unilateral de independencia (DUI). Fuentes soberanistas apuntaron que ese pleno podría coincidir con el que el Senado prevé celebrar el 27 de octubre para aprobar las medidas derivadas de la aplicación del artículo 155 del texto constitucional


https://www.republica.com/2017/10/21/el-gobierno-permanece-reunido-para-aplicar-el-155-y-decidir-que-areas-del-govern-asume/

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