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Puigdemont no quiere volver sin garantías y la juez le cita el jueves como imputado por rebelión y sedición

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no quiere volver, al menos no quiere hacerlo sin lo que él mismo ha llamado “garantías”. Y eso podría significar que no está dispuesto a afrontar las responsabilidades penales que se derivan de haberse saltado la Constitución y la ley. Pero la justicia avanza independientemente de las vicisitudes políticas y el político catalán ya tiene frente a sí una citación que le enfrenta a su peor pesadilla. La juez Carmen Lamela le ha citado el jueves para que declare como imputado por los delitos de rebelión, sedición y malversación. La gran pregunta es si acudirá, pero si no lo hace pesará sobre él una orden europea de detención y entrega.

Junto a Puigdemont, tienen que comparecer todos sus consejeros cesados entre el jueves y el viernes. La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto en el que se declara competente para investigar la querella de la Fiscalía General del Estado. Lamela se ha hecho cargo de la querella por conexión con la causa que tiene abierta por sedición y que hasta ahora cuenta con cuatro investigados: el que fuera mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente del cuerpo Teresa Laplana y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estos dos últimos en prisión preventiva desde el 16 de octubre.

Por otra parte, en su auto la juez Lamela da un plazo de tres días a Puigdemont y a los otros 13 exconsejeros para depositar una fianza de 6.207.450 euros euros de fianza. La juez atiende así a la petición de la Fiscalía y advierte a los querellados de que si no depositan el dinero en el plazo establecido se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra. Los 6,2 millones de euros se corresponden con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias que fueron aprobadas para la celebración del referéndum 1-O y, posteriormente, suspendidas por el Constitucional. La Fiscalía ya había solicitado que se impusiera esa fianza en la querella que presentó contra los promotores del 1-O ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero ese tribunal no aceptó la solicitud, mientras que la Audiencia Nacional sí lo ha hecho.

En las vistillas que se celebren el 2 y el 3 de noviembre, la Fiscalía puede pedir medidas cautelares como la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas en el juzgado o el ingreso en prisión preventiva de los imputados, algo esto último que no sería de extrañar teniendo en cuenta que ‘los Jordis’, los presidentes de ANC y Òmniun, están en Soto del Real por delitos menos graves de los que se dirimen en este caso.

En su auto, Lamela explica que, conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta encaminada a romper la organización territorial del Estado. Por ello, los encaja en una manera de atentar contra la forma actual de gobierno de España, lo que cae de lleno en la competencia de la Audiencia Nacional.

La apariencia de legalidad del proceso soberanista

Atendiendo a lo expuesto por la Fiscalía en su querella, Lamela considera que desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, y en particular Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras, consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones que iban dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación de Cataluña de España. Esa “apariencia de legalidad” de la que trataban de dotar al proceso de desconexión se amparaba especialmente en la actuación de los movimientos populares, ya que el objetivo era crear en la ciudadanía “un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas que justificara la desobediencia de la sociedad”.

En este sentido, la jueza destaca un documento de la ANC del día 12 de abril de 2015, fecha en la que era presidenta de esta entidad Carme Forcadell, en el que se planteaba el escenario de celebrar elecciones constituyentes como proceso previo a la independencia de Cataluña. Afirmaba este escrito que ante la posibilidad de que la Generalitat fuera intervenida, la ciudadanía tenía que emerger como agente político, trabajando en tres líneas prioritarias: mantener la actividad normal del país, ensanchar la base social favorable a la constitución del nuevo Estado y organizar movilizaciones masivas, pacíficas y, cuando sea necesario, espectaculares.

Sobre la utilización de los Mossos d’Esquadra por parte del Govern, la magistrada se hace eco del papel que otorga la Fiscalía a este cuerpo policial tras la declaración de independencia y expone que se buscaría utilizar esta “fuerza armada” contra quienes intentaran hacer efectiva la vigencia de la Constitución en Cataluña.

De una manera inicial, la juez concluye que los querellados “urdieron una estrategia de lo que habría de ser todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaron a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el parlamento el pasado 27 de octubre”. Según Lamela, en la querella del fiscal se exponen de manera “seria, racional y lógica los motivos que llevan al Ministerio Público a efectuar su provisional calificación como delito de rebelión que absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación”.

El auto de la juez se ha conocido después de que Puigdemont compareciera en Bruselas ante los medios tras haber abandonado territorio español antes de que se presentara la querella que, a su juicio, no se sostiene jurídicamente ya que se apoya solo en argumentos políticos. “Es una querella de extrema agresividad que persigue solamente una idea”, ha asegurado recurriendo a la imagen de víctima de una persecución del Estado español que ha tratado de trasladar durante toda la comparecencia, un mensaje que ha resumido en esta frase: “La justicia española no persigue delitos sino ideas. Y con mi presencia en Bruselas quiero dejar patente el grave déficit democrático que hay a día de hoy en el Estado español”.

El exconseller de Interior, Joaquim Forn, ha intervenido en un momento dado para recordar que “ahora mismo el delito de rebelión es equiparable al de terrorismo. Nosotros nunca hemos actuado con violencia, pero se nos equipara con terroristas. Es por esto que el presidente pide que Europa reaccione”.

Puigdemont, por otra parte, ha negado haber abandonado sus funciones de Gobierno o querer escapar a la acción de la justicia. De hecho, ha asegurado que no va a pedir asilo. Y es que para refugiarse en Bélgica no necesita embarcarse en un trámite de resultado incierto cuando el principio de libre circulación le permite permanecer en cualquier lugar del territorio europeo sin más requisitos. En principio, la intención de Puigdemont era permanecer en la capital belga para “trabajar con libertad y seguridad”. Ahora bien, cuestión distinta es lo que vaya a hacer ahora con ese auto judicial en la mano.


Pese a arremeter contra la intervención de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución -se ha comprometido a “hacer todo lo posible para apoyar las iniciativas que impidan que se lleve a la práctica-, el expresidente catalán ha aceptado las elecciones convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo de ese precepto. “Tomamos las elecciones (del próximo 21 de diciembre) como un reto democrático. Los retos democráticos no nos dan miedo”, ha dicho y ha lanzado una pregunta al Gobierno español: “¿El Estado respetará los resultados sean los que sean?”.

En ese punto, Puigdemont ha recurrido al victimismo habitual para seguir justificando una espantada que no ha sido entendida ni compartida por amplios sectores del independentismo que él sigue reivindicando: “Tenemos delante un Estado que solo entiende la razón de la fuerza”. “Si nos hubiéramos quedado” en Cataluña, y hubiéramos presentado “una cierta resistencia”, habría habido “una reacción de enorme violencia por parte del Gobierno”, ha asegurado antes de hacer un guiño a los ciudadanos que estén desconcertados antes su marcha: “No quiero exponer a la población de Cataluña a otra jornada de violencia”. La frase le ha servido, de paso, para rememorar las cargas policiales del 1-O.

Tras denunciar una “ofensiva altamente agresiva del Gobierno español contra el pueblo de Cataluña y los funcionarios” que se mantuvieran fieles al Govern, en alusión a las advertencias sobre las consecuencias que podría acarrear para ellos el incumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales, ha señalado que tomó la decisión de salir de España para “priorizar la prudencia y la seguridad” porque “no se puede construir la república de todos desde la violencia”.

Puigdemont admite, por primera vez, la declaración de independencia

Cuando estaba dando todas esas explicaciones, Puigdemont ha pronunciado una frase que puede complicar su futuro judicial: “El viernes, después de la declaración de independencia, asumimos que el diálogo en esas condiciones era imposible”. Es la primera vez que el expresidente catalán reconoce públicamente que se haya declarado la independencia de Cataluña, lo que vulnera claramente la Constitución y pude servir para apuntalar algunas de las acusaciones que la Fiscalía ha presentado contra él.

Al hilo de este relato, ha realizado un nuevo llamamiento a la ayuda internacional que, hasta ahora, no ha podido conseguir: “Pido a Europa que reaccione. El caso de Cataluña es el caso de los valores sobre los que se fundamenta Europa”. Ha subrayado que el Estado que ahora convoca unas elecciones le quiere “meter en la cárcel” por cumplir su programa electoral.

Lo cierto es que Puigdemont abandonó el territorio español justo antes de que se presentara la querella y se pudieran dictar medidas cautelares como las que, por ejemplo, han llevado a prisión a ‘los Jordis’. En un intento de dignificar la escpada, algunos colaboradores suyos como el exvicepresidente Oriol Junqueras han tratado de presentarla como un nuevo intento de internacionalización del proceso soberanista, algo que también ha hecho Puigdemont durante la comparecencia. Le acompañan los exconsellers Joaquim Forn (PDeCAT), Meritxell Borràs (PDeCAT), Antoni Comín (independiente), Dolors Bassa (ERC), Meritxell Serret (ERC), Lluís Puig y Gordi y Clara Ponsatí (independientes).

Medio Govern en Bruselas y el otro medio en Barcelona

Y mientras todo esto sucedía en Bruselas, los exconsellers del Govern cuyo cese anunció el pasado viernes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que siguen en Cataluña han celebrado en el Parlament una reunión informal, presidida por Junqueras. Allí han estado Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y el propio exvicepresidente.

Puigdemont ha comparecido desde el club de prensa de Bruselas, después de que el ejecutivo belga le haya negado una sala en el Residence Palace, un espacio propiedad del Estado que se utiliza como Centro Internacional de Prensa y que alquila salas para actos privados. Antes de atender a la prensa, ha visitado la sede de la Alianza Libre Europea, coalición que defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la única formación con la que ha tenido contacto, que se sepa, después de que el Gobierno belga haya criticado su presencia en Bruselas. “Si declaras la independencia, es el momento de quedarte con tu gente”, ha reprochado este martes el viceprimer ministro belga, el conservador flamenco Kris Peeters.

La renuncia de Puigdemont a solicitar el asilo puede deberse a la evidencia de que no lo necesita y al consejo del abogado belga especialista en derechos humanos, Paul Bekaert, que lleva 30 años defendiendo a etarras que han buscado refugio en el país. El lunes se supo que Bekaert había sido contratado por el político catalán y en declaraciones a varios medios se mostró pesimista sobre las posibilidades de que Bélgica conceda asilo político a su cliente, puesto que sólo en casos excepcionales – riesgo de persecución- la legislación belga permite ofrecer protección a ciudadanos de la Unión Europea.


https://www.republica.com/2017/10/31/maxima-expectacion-ante-la-rueda-de-prensa-de-puigdemont-en-bruselas-que-esta-apunto-de-comenzar/

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