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Intervenida la documentación para el día después de la declaración de independencia

Agencia EFE


Junqueras y Puigdemont (Foto/Archivo)

La planificación meticulosa del golpe de Estado tras una declaración unilateral de independencia (DUI), pasa por desatar "un conflicto de amplio apoyo ciudadano", orientado a "generar inestabilidad política y económica" para forzar al Gobierno a negociar una separación o un referéndum pactado.

Se trata de una de las propuestas recogidas concretamente en el documento EnfoCATs cuyo objetivo es plantar la planificación del día después del DIU a fin de lograr el éxito. El documento lo intervino el 20 de septiembre la Guardia Civil en el registro del domicilio del número dos de Economía, Josep Maria Jové Lladó, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

El documento, diseñado por Junts Pel Sí, tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 "se corresponde perfectamente con todos los pasos que hasta el momento viene ejecutando el Gobierno de la Generalitat" con distintas estrategias y escenarios que desembocan en un objetivo final: la creación de un Estado propio.

La declaración unilateral de independencia "generará un conflicto que bien gestionado puede llevar a un estado propio" porque, según los investigadores, "el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero si lo ve todo perdido, lo hará hacer para que lo perdamos".

Todo este plan estaría gestionado por un comité estratégico formado por el presidente y vicepresidente del Govern, miembros de grupos parlamentarios independentistas, además de los presidentes y vicepresidentes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium y Asociación de Municipios para la Independencia (AMI), entre otros.

Y también por un comité ejecutivo con los secretarios generales de presidencia y vicepresidencia (el propio Jové), los directores de las oficina de desarrollo del autogobierno, y expertos más consejeros adjuntos ad hoc según la temática a tratar.

Esta planificación establece tres objetivos para lograr su fin: sumar mayorías (base social, consenso político y credibilidad internacional), inspirar confianza (proceso democrático, comunicación clara y participación ciudadana) y trabajar con garantías de éxito (estructuras de estado, leyes de desconexión, un plan de separación acordado con el Estado, otro ante una eventual desconexión forzosa y uno para el reconocimiento internacional).

Sobre este último punto, advierte de que "precipitar una declaración unilateral de independencia sin haber trabajado a fondo estos valores la haría poco atractiva a los ojos de la comunidad internacional", aunque el reconocimiento pasa por un efecto dominó que comenzaría en los países nórdicos y pequeños de Centroeuropa.

Para lograr sus fines, apuesta por un discurso basado en las razones emocionales y racionales de un estado propio más que en los agravios de España y con una estrategia de comunicación compartida por todos los actores soberanistas que aboga, entre otras acciones, por captar a los indecisos pasando del "mejor unidos" al "mejor amigos", y de "romper España" a "ayudar a España".

El documento reconoce que para crear el estado propio es preciso dotarse de estructuras que pasan por las ya existentes (Mossos, CTTI, infraestructuras básicas) y nuevas (hacienda propia, agencia de protección social, poder judicial).

"Hemos de asegurar el funcionamiento mínimo imprescindible de todas las estructuras de estado necesarias para gestionar la desconexión", agrega el texto.

La Guardia Civil destaca la importancia del plan de actuación en caso de desconexión forzosa que debería "comenzar de una manera conservadora incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado".

Para ello, los contenidos son "seguridad ciudadana e infraestructuras estratégicas controladas", funcionamiento del tejido industrial con las empresas catalanas y extranjeras implantadas en Cataluña y la máxima estabilidad administrativa.

"El objetivo es que la gente sepa que existe, que es ejecutable y que bien gestionado acabará comportando o el reconocimiento internacional o un referéndum forzado con el Estado", dicen los investigadores, que añaden que el texto precisa que este plan de desconexión forzosa "no se ha de hacer público con detalle".

Todo ello con un calendario planificado para lograr la independencia que establece la creación de un gobierno de transición que llegaría en septiembre de 2018 siempre que se garantice una mayoría independentista con la que podría formarse un gobierno de independencia en septiembre de 2022 "pero que podría declarar la independencia el día después de su constitución o el día anterior a su disolución".

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