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Éxodo empresarial en Cataluña




Cataluña llegó a convertirse en una de las regiones más ricas de España gracias al tamaño y diversidad que alcanzó su estructura empresarial, fuente de riqueza y empleo, pero la gestión económica y presupuestaria llevada a cabo en los últimos años, junto a la incertidumbre que genera el desafío secesionista, está minando la base de tanta prosperidad, ya que ahora las empresas huyen de dicha autonomía en busca de lugares más seguros y atractivos para su negocio. En concreto, cerca de 8.000 compañías radicadas en Cataluña han trasladado su sede social a otras comunidades autónomas desde 2008, frente a las 5.300 que decidieron instalarse en esta región durante el mismo periodo, de modo que, hoy por hoy, la economía catalana ha perdido algo más de 2.600 empresas en términos netos, lo cual es un torpedo en la línea de flotación de la creación de empleo. Se trata de un fenómeno inédito a escala nacional, ya que, a excepción de Canarias, la catalana es la única región que ha visto reducido su tejido empresarial año tras año. La explicación reside, primero, en la elevada presión fiscal y las trabas regulatorias que impuso la Generalitat desde el estallido de la crisis. El tripartito formado por el PSC, ERC e ICV, que gobernó Cataluña hasta 2010, disparó los impuestos e incluso creó nuevas figuras tributarias para intentar compensar la fuerte caída de ingresos públicos como consecuencia de la recesión, en lugar de reducir el gasto superfluo y eliminar el inútil entramado autonómico que tan solo servía a intereses políticos. La posterior llegada de los nacionalistas al poder, con Artur Mas a la cabeza, perseveró en esta ruinosa deriva, haciendo que muchas empresas huyeran hacia regiones más favorables a sus intereses. En lugar de corregir su error, la Generalitat se dedicó entonces a criticar los bajos impuestos que aplicaban otras autonomías como estrategia para evadir su responsabilidad.

El segundo factor de este éxodo es el proceso independentista. Desde 2012, y pese a la recuperación económica, la fuga de compañías no ha cesado como consecuencia de la creciente inseguridad jurídica que existe en Cataluña. La incertidumbre e inestabilidad políticas constituyen pésimos compañeros de viaje para el mundo de los negocios, puesto que tanto el futuro de la empresa como la seguridad de las inversiones ya no dependen de las decisiones de sus directivos ni de la siempre cambiante coyuntura económica, sino del arbitrario rumbo que fijen los gobernantes. La obcecación de los separatistas por incumplir la ley ahuyenta a empresarios e inversores, ya que la utopía independentista pretende sacar a Cataluña de España, lo que supone su automática salida de la UE y del euro. Las consecuencias las están pagando los catalanes, con menos empresas y una mermada capacidad de crecimiento.

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