¿Cuál es el futuro político de Artur Mas?

El TSJC condena por desobediencia al expresidente y a dos de sus consejeras por organizar la consulta del 9-N después de la suspensión del TC



¿Qué dicen los magistrados sobre «los voluntarios» del 9-N?

La sentencia deja claro que «los voluntarios» no pudieron llevar a cabo la consulta independentista sin la ayuda de la Generalitat. Fue tanta esta ayuda que el TSJC señala probado que «los voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Gobierno de la Generalitat», quien «les cursó la convocatoria y les hizo asignación de mesas electorales». Sin los recursos públicos no hubiera habido 9-N.

¿Por qué han absuelto a Mas, Ortega y Rigau del delito de prevaricación?

El tribunal considera que no hay pruebas que demuestren que entre el 4 de noviembre –fecha de la providencia del Tribunal Constitucional– y el 9 de noviembre, desde la Generalitat, se dieran órdenes políticas, escritas o verbales, para la realización de la consulta.

¿La sentencia del TSJC es una decisión firme?

Contra la sentencia del TSJC cabe un recurso de casación en el plazo de cinco días y ante el Tribunal Supremo. Hasta que no falle el Alto Tribunal, si se presenta el correspondiente recurso por alguna de las partes, no tendremos sentencia firme.

¿Qué cantidad tendrán que pagar Mas, Ortega y Rigau?

El tribunal ha impuesto el pago de las costas «por terceras e iguales partes» a los condenados, de la mitad de las costas del proceso –excluidas las devengadas por las acusaciones populares–, ya que solo fueron condenados a uno de los dos delitos que se les imputaba. Además, Mas tendrá que abonar una multa de 36.500 euros; Ortega, una multa de unos 30.000 euros; y Rigau, una multa de unos 24.000 euros. Si no hacen efectiva estas multas –a 100 euros por día– se les privará un día de libertad «por cada dos cuotas no abonadas».

¿Qué pasa ahora con Ortega y Rigau?

Joana Ortega está apartada de la primera línea política, que dejó tras salir de consejera y que ayudó la irrelevancia política actual de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Irene Rigau, por su parte, es actualmente diputada autonómica. De cara a unos próximos comicios, Rigau está afectada exactamente igual que Mas, y por lo tanto durante un año y seis meses no podrá ser candidata.

¿Qué dice el TSJC de Carles Viver i Pi-Sunyer, exvicepresidente del TC?

Pi-Sunyer participó en el juicio como testigo de Mas, en tanto que presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), un organismo público creado por Mas para realizar informes jurídicos. Los magistrados señalan en la sentencia que Pi-Sunyer «mostró en el juicio oral una memoria selectiva que pone en serio compromiso su credibilidad».

¿Por qué es importante saber si Mas se puede presentar a unas elecciones?

En la hoja de ruta del PDECat –pese a las tensiones internas– está la posibilidad de que, ante una cita electoral autonómica, se presente el expresidente de la Generalitat para salvar los muebles, ya que ahora mismo es el único valor electoral del partido –después de que Carles Puigdemont, actual presidente autonómico, haya renunciado a presentarse–. Si Mas no se puede presentar, el PDECat queda descabezado. En la estrategia del partido se jugaba con la posibilidad de que se convocaran elecciones entre la sentencia del TSJC y la del Supremo, tras el recurso.

¿Qué salidas políticas le quedan a Mas?

Pocas. Al menos en la política activa de primer nivel durante los próximos dos años. La sentencia es muy taxativa al respecto. Mas está condenado a «inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos ya sean de ámbito local, autonómico o estatal, así como para el ejercicio de funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el del Estado». De esta manera, no podrá ejercer un cargo en el Parlamento de Cataluña, ni tampoco tener responsabilidades en la Generalitat.

¿Por qué es clave la aplicación de esta sentencia?En el intento de secesión que llevan a cabo los partidos de Junts pel Sí (coalición de PDECat y ERC) y la CUP va implícita la desobediencia a las leyes y sentencias españolas (también las de ámbito autonómico). Así, la reacción de Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat y sucesor a dedo de Mas, fue asegruar que «lo que la justicia española acaba de condenar, lo indultará el pueblo de Cataluña votando en el referéndum que sin lugar a dudas se celebrará este año». Si la sentencia se aplica, se demostrará que el Estado de Derecho funciona en España. Y abrirá una grieta en los acuerdos entre JpS y la CUP.

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