Desahucian a una senadora de Podemos por no pagar los 200 euros de alquiler de una vivienda social

La representante, con un sueldo de 5.800 euros mensuales, tiene una deuda con la sociedad vasca de alquiler cercano a los 4.000 euros por el impago de la renta desde hace casi dos años. La senadora alega una separación conflictiva para justificar que no ha hecho frente al pago.


La senadora de Podemos Elvira García Díaz va a ser desahuciada después de que una jueza de Vitoria haya dictado una orden por impago. La representante del partido morado adeudaba a Alokabide, la sociedad pública vasca de alquileres, una cantidad cercana a los 3.000 euros el pasado octubre, el momento en el que se instó la orden de abandonar la vivienda. Pero tal y como ha podido comprobar Vozpópuli la cantidad que debe en estos momentos ronda los 4.000 euros. La senadora del partido de Pablo Iglesias cobra 5.800 euros mensuales por su trabajo en la Cámara Alta y debía pagar 200 euros mensuales por el alquiler de la vivienda social, algo que no hace desde principios de 2015.

Aunque la senadora no ha querido hacer declaraciones, los representantes de prensa de Podemos han asegurado que García reconoce la deuda y la achaca a "a una separación conflictiva iniciada hace cuatro años, en la que también se produjo una situación de violencia de género por la que denunció a su expareja por malos tratos".

La senadora declaró al entrar en la Cámara Alta que antes de iniciar su carrera institucional sus ingresos eran de unos 10.500 euros procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (las ayudas sociales vascas). En su cuenta, según la declaración de bienes, disponía de algo más de 1.300 euros.
Varias infracciones

La noticia ha sido conocida tras una información publicada por el diario El Correo, y aunque desde el Departamento vasco de Vivienda han declinado hacer cualquier declaración por la "confidencialidad" a la que se encuentran obligados, Vozpópuli ha podido saber que además del impago son varias las infracciones que la senadora presuntamente ha cometido.

En primer lugar, no comunicar el cambio en la estructura familiar al producirse la separación -las viviendas se otorgan en función de los integrantes de la familia-; en segundo lugar, la modificación de sus circunstancias económicas al lograr el acta de senadora que le habrían obligado a abandonar la vivienda social por superar los ingresos máximos; y en tercer lugar, aunque esto es más discutible por lo peliagudo de las circunstancias, la situación anterior de malos tratos, que habrían llevado su caso por otros cauces y podría haber accedido a un piso de acogida e incluso una vivienda protegida.

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